El blog de Max Römer: L'État, c'est moi

domingo, 5 de agosto de 2012

L'État, c'est moi

Para no olvidar (parte 2)

El 27 de agosto de 2000, en plena efervescencia de la soberbia presidencial, Chávez en su programa “Aló presidente” tuvo el atrevimiento de expresarse de manera inadecuada a la intención de la asociación Queremos Elegir por hacer un llamado a la desobediencia civil, que por cierto, está amparada en el artículo 350 de la Constitución que había sido aprobada en diciembre de 1999. Con palabras altisonantes, como lo han sido todas las del comandante Chávez desde que tomó el poder, vejó a  Elías Santana y a la asociación Queremos Elegir fungiendo ese rol que tanto le gusta: ser locutor de televisión (nos negamos a llamarlo comunicador por respeto a la profesión que ejercen tantos periodistas).

El caso es que Santana, en su firme creencia de las libertades y en defensa de la democracia y el buen hacer ciudadano se dirigió al Tribunal Superior de Justicia pidiendo que el presidente rectificara sus palabras, máxime cuando el código deontológico de los periodistas y de quienes ejercen la locución de programas de TV y radio, establece que el derecho de réplica es un deber a la vez por parte de quienes emiten una información inexacta.

Como Chávez ha manipulado las conciencias de tantos y, sobre todo del Tribunal Superior de Justicia, el fallo –conocido como la sentencia 1013– no podía ser menos ilustrativo de lo que pasaría en Venezuela en materia de libertad de expresión, información, prensa y opinión: Chávez no tiene porqué rectificar sus palabras. Una patente de corso para decir y hacer con los micrófonos lo que le diera su perreta gana.

En 2001, y como respaldo a lo que se vendría encima, escribí lo siguiente: “Esto plantea en inicio, una serie de inquietudes y la oportunidad de comparar la sentencia en un contexto global que tiene principios elementales expresados en códigos, tratados y pactos internacionales suscritos por Venezuela.

Las acciones a emprender tienen que rechazar cualquier intento de establecer limitaciones al derecho a la libertad de expresión como prinicipio fundamental de la democracia; rechazar la pretensión de un equilibrio ideológico dentro de cada medio de comunicación; rechazar cualquier intento de limitar el derecho de constituirse en empresa comunicacional; y por supuesto, respaldar toda acción que se haga en pro de corregir los errores cometidos en la sentencia 1013.

Tal vez el reflejo más importante de esta sentencia es que no todos los venezolanos comprendemos los cinco poderes que constituyen al Estado venezolano. La tarea es más comleja que intentar defender la libertad de expresión. Tal vez lo que nos espera es más allá de la libertad que nos brinda la noticia, usar a los medios de comunicación como garantes de la democracia y volcarlos a un proceso educativo que nos permita ver, comprender y amar al país”.

La invitación es a leer la sentencia[1] y, si el lector lo considera interesante, leer también el resto del artículo que en su día publicamos en la revista SIC del Centro Gumilla[2].

Otro tema para no olvidar y para recordar que la satrapía gobierna a Venezuela desde 1999.


[1] CABRERA, J.: (2001) Sentencia 1013 del Tribunal Superior de Justicia. [En línea] http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1013-120601-00-2760%20.htm Consultado el 5 de agosto de 2012.
[2] RÖMER, M.: (2001) 1013 la sentencia que sentencia la expresión. En Revista SIC. [En línea]

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